Audiencias ausentes

Por: Efraín Quiñonez León

lunes, 10 de agosto de 2026

Tiro Libre

Apenas estamos regresando de vacaciones cuando brotan en el espacio público temas de relevancia para el país. Para empezar, el espinoso asunto del examen de ingreso a la UNAM coloca a la máxima casa de estudios en un severo aprieto porque se presume que más del 90% de quienes fueron evaluados recurrió a las ancestrales prácticas del cochupo para beneficiarse. Hay muchas más cosas que discutir al respecto, pero, por lo pronto, solamente advirtamos que existe una situación paradójica: mientras la tecnología avanza a paso veloz nosotros retornamos al papel y el lápiz; al panóptico de la presencialidad.

Se añade a este asunto el problema de las pérdidas de PEMEX. Es la única empresa petrolera del mundo que, pese a los precios internacionales altos del petróleo, la empresa estatal mexicana reporta negativos. Pero mientras la “compañía de todos los mexicanos” pierde, otros compatriotas se hinchan los bolsillos a través de las jugosas ganancias que reciben traficando petróleo e importándolo refinado sin pagar los impuestos correspondientes. Genial!!! Negocio redondo. Lo que es demencial para la mayoría resulta racional y un prometedor camino hacia el éxito para una minoría.

Si tomamos estos dos ejemplos (que no es exactamente de lo que quiero hablar ahora) podemos concluir que lo de la UNAM no es ningún accidente, ni producto de la casualidad (el elevado porcentaje que recurrieron a “malas prácticas” no es producto del azar sino un sistema). Es la fórmula que los propios estudiantes han comprendido suficientemente bien para solventar los obstáculos y acceder a servicios o mercancías de todo tipo. El contraste resulta brutal y los jóvenes que ahora reclaman su derecho de acceso a la educación, que no son inocentes, aplican lo que a diario ven que la sociedad premia o mantiene el discreto encanto del disimulo. Lo que la experiencia demuestra es que existe todo un ecosistema donde los elementos que lo integran se combinan para dar los resultados esperados. Ahora es menester corregir las planas.

En el asunto de la educación superior hay, desde luego, muchos más aspectos que discutir, como los recortes presupuestales, la precariedad del trabajo y el nulo crecimiento de las matrículas como lo está demandando la población joven que pretende estudiar. Cada año la UNAM lanza su convocatoria para el ingreso a sus aulas y al rededor de 180 mil estudiantes de bachillerato realizan la solicitud, pero solamente el 10% de esa cantidad son admitidos, sin tomar en cuenta los 30 mil que tienen el pase automático. Y algo similar ocurre en la universidades de provincia, con la salvedad de que el problema se puede poner peor, con porcentajes elevados de profesores de asignatura y un déficit de recursos que les impide crecer como la demanda lo exige; sin tomar en cuenta los problemas extra-escolares a las que están sometidas.

Pero es demasiado pronto para extraer conclusiones de este caso, aunque se puede afirmar que la UNAM ha procesado adecuadamente parte del problema; en principio, admitiendo que, en efecto, existieron anomalías y que ahora se empeñan en corregir. La cuestión es que eso no disipa las dudas acerca de las razones que llevaron a las autoridades a contratar los servicios de aplicación del examen sin licitación pública, pese a que su propia reglamentación interna así lo estipula por los montos implicados en el convenio. Por cierto, la empresa a la que ahora se le rescinde el contrato es la misma que ha prestado sus servicios a otras universidades del país e instituciones de los gobiernos estatales y el federal. Trataremos de volver sobre el tema porque puede contribuir a explicar algunos de los fenómenos que padece la educación superior en Mexico.

Ahora bien, esto no agota la agenda, ni tampoco significa que los problemas que venimos arrastrando se hayan resuelto sino que, simplemente, se añaden algunos más que son igual o más importantes.

Uno de ellos es materia de debate a propósito de una propuesta de reglamentación para garantizar el derecho de las audiencias a información veraz, oportuna y de calidad. No está mal que el Estado pretenda protegernos, siendo esta una de sus funciones principales. Pero llama poderosamente la atención que en aspectos cruciales para la vida cotidiana de los ciudadanos permanezcan en la más completa indefensión, donde las autoridades parecen haber capitulado frente a su labor esencial y negocian o establecen acuerdos con redes criminales que terminan por imponerse incluso a ellas mismas. Por lo tanto, una buena noticia carga con la sospecha de no albergar las mejores intenciones.

Pero veamos en qué consiste semejante propuesta que ahora se somete a consulta. En este sentido, vale la pena revisar la reglamentación aludida que, en teoría, implica robustecer el derecho a la información que consagra el artículo 6to constitucional, otorga facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el fin de tutelar o proteger los principios que permiten a las audiencias recibir información confiable y, también, garantizar su derecho de réplica cuando se ofrezca información inexacta e incluso falsa en algún medio que lastime la reputación de las personas.

Las normas que ahora se someten a consulta están dirigidas a imponer límites a los medios electrónicos tradicionales, es decir, a la radio y televisión abierta, y también a la de paga. Por lo tanto, se trata de las empresas de comunicación que captan el mayor número de consumidores que bajo la etiqueta de, audiencias, se generalizan la diversidad de condiciones de los ciudadanos.

En el cuarto párrafo de los considerandos se hacen evidentes las preocupaciones del gobierno. “… la Constitución prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, y prevé que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión…”.

No está mal que ahora el gobierno se preocupe por la calidad de la información que recibimos los ciudadanos y que pretenda hacer algo al respecto. Insisto, resulta loable e incluso acertado que se tomen medidas para evitar las falsedades en los medios, pero resulta algo inquietante que sea el propio gobierno quien haya determinado que información importante (por ejemplo, de obras relevantes en el sexenio anterior y en este) se reclasifiquen como de “seguridad nacional”. Bajo esa lógica, son las propias autoridades quienes limitan e incluso cancelan la verificación y el escrutinio sobre asuntos que deberían ser analizados públicamente. No mienten porque no se puede demostrar que lo hacen ya que se reservan el poder de guardar o difundir lo que conviene al gobierno. Y ni qué decir de todo el entramado institucional (normas y organismos) que fue desbaratado para limitar o cancelar el acceso a la información.

Sin embargo, supongamos que las intenciones del gobierno no solamente son correctas sino, principalmente, los resortes que las estimulan sean la buena voluntad y su “amor al pueblo”. Entonces, la cruzada por evitar que lleguen al amplio público las falsedades muy comunes en los medios, supondría una verificación de contenidos 24 por 24. Como las mentiras no solamente ocurren en los noticieros, por poner un caso, sino que, también, en la industria de la publicidad de la cual está plagada el espectro radioeléctrico, implicaría dedicar una cantidad de recursos (humanos y financieros) con un alto costo para la finanzas públicas. Una rápida consulta con san Google nos arroja el siguiente resultado: en el país existen alrededor de 1,400 concesiones de radio y 2500 permisos para operar canales de televisión. Todo ello controlado por no más de 5 o 10 empresas de comunicación. Y ahí está el meollo de todo este asunto. Es decir, unas empresas de comunicación que acumulan mucho poder (otro de los poderes fácticos) y la madre de todas las mentiras de que se pueda llevar a cabo una verificación, ya no digamos exhaustiva, sino acaso la selección de una muestra y de manera aleatoria supervisar contenidos. Por lo tanto, no se trata de que a las audiencias llegue información fidedigna, sino de una estrategia de control desde la lógica del poder para al menos apretar por la vía económica y sancionadora a los medios “críticos”. Porque, si la lógica fuera “la protección de las audiencias”, lo primero que debió haberse hecho fue, precisamente, convocar a estas en foros públicos para tomar el pulso de ellas a este respecto y solamente después de un ejercicio semejante, proponer las reformas como resultado de las consultas. Ni al gobierno, como tampoco a los medios, interesa quienes soportan las consecuencias de sus acciones, puesto que los ciudadanos se reducen a categorías que los desdibujan en tanto que sujetos “beneficiarios” de sus políticas o como consumidores; aunque se trate, por un lado, de contenidos basura o, por el otro, de “favores por votos”, no como agentes de derechos plenos sino como súbditos.