Xalapa, Ver. (AVC/Ana Mozo/ Verónica Huerta).– A 35 años de la explosión e incendio de Anaversa en Córdoba, ciudadanos afectados por el desastre químico se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, en Xalapa, para exigir la intervención del Gobierno de Veracruz y concretar la construcción del Hospital General Regional con Unidad de Cancerología.

Los integrantes de la Asociación de Asistencia a Afectados por Anaversa señalaron que el proyecto se encuentra detenido por la falta de un terreno, pese a que, de acuerdo con la organización, existe respaldo del Gobierno Federal para avanzar en la obra.

Rosalinda Huerta Rivadeneira, presidenta de la asociación, informó que el hospital contempla una inversión cercana a 3 mil millones de pesos y debe construirse en Córdoba, donde ocurrió la explosión de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz S. A. (Anaversa) el 3 de mayo de 1991.

“Es un hospital que contempla una inversión cercana a 3 mil millones de pesos, pero no ha sido posible por la falta de coordinación entre autoridades, esto a pesar de que existe una instrucción presidencial que no ha sido acatada por los gobiernos municipales de Córdoba desde hace muchos años”, señalaron los manifestantes.

De acuerdo con los afectados, el proyecto fue aprobado desde 2023, pero el Ayuntamiento de Córdoba, entonces encabezado por Juan Martínez Flores, no concretó la compra de un terreno que sería donado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Relataron que se había ubicado un predio valuado inicialmente en 55 millones de pesos, posteriormente ajustado a 44 millones y finalmente a 33 millones de pesos, pero el Cabildo de la anterior administración municipal no alcanzó acuerdos para su adquisición.

Piden mesa de trabajo con autoridades

Los manifestantes pidieron la instalación de una mesa de trabajo integrada por funcionarios estatales y federales con capacidad de decisión, al considerar que durante más de tres décadas las víctimas han enfrentado indiferencia institucional.

Huerta Rivadeneira señaló que desde agosto de 2025 existe un oficio emitido por la Secretaría de Gobernación, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se solicita atender el caso y avanzar en la construcción del hospital como una medida de justicia social para las personas afectadas.

“Llevamos 35 años esperando. Hemos enterrado a muchos compañeros y seguimos viendo historias marcadas por el cáncer y enfermedades autoinmunes. No queremos más burlas ni retrasos”, expresó.

Los afectados aseguraron que el hospital no sólo beneficiaría a quienes padecieron las consecuencias directas de la explosión de Anaversa, sino también a habitantes de la región centro de Veracruz que requieren atención médica especializada, principalmente en materia oncológica.

“Nos hemos dedicado a reunir 18 mil firmas ciudadanas que respaldan la iniciativa de construcción del hospital, que no sólo ayudará a los afectados por Anaversa, sino que responde a una necesidad regional para mejorar la atención médica especializada”, afirmaron.

El antecedente del desastre químico

El desastre ocurrió el 3 de mayo de 1991, cuando un cortocircuito provocó un incendio y explosión en las instalaciones de Anaversa, empresa dedicada al almacenamiento y formulación de plaguicidas en el barrio de La Estación, en Córdoba.

De acuerdo con una publicación de la Universidad Veracruzana, la planta operaba sobre la avenida 11, entre las calles 21 y 23, a 1.30 kilómetros del centro de la ciudad, en una zona rodeada de viviendas, escuelas, una gasolinera, iglesias y pequeños comercios.

La empresa formulaba oficialmente cinco plaguicidas: pentaclorofenol, 2,4-D, paratión metílico, malatión y paraquat. Sin embargo, en el inmueble se anunciaban más de 20 productos, que presuntamente eran almacenados o comercializados en el lugar.

El incendio generó una nube tóxica que se extendió por una parte de la ciudad. Los afectados señalaron que miles de personas resultaron expuestas debido a la falta de información sobre las sustancias liberadas y al manejo deficiente de la emergencia.

El siniestro involucró sustancias altamente tóxicas que, al quemarse, produjeron dioxinas y furanos, compuestos persistentes en el ambiente y relacionados con afectaciones graves a la salud.

Acusan omisiones históricas

Huerta Rivadeneira afirmó que el caso fue reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la recomendación 99/91, dirigida a autoridades federales y estatales de la época. Sin embargo, acusó que el expediente fue archivado durante el gobierno de Patricio Chirinos.

“Fue un crimen ambiental que permaneció negado oficialmente durante más de treinta años. La empresa nunca necesitó defenderse porque fue el propio Estado quien la protegió”, sostuvo.

La presidenta de la asociación recordó que en 2022 el Cabildo de Córdoba reconoció oficialmente la gravedad del desastre y decretó el 3 de mayo como Día Municipal de Prevención de Desastres. Posteriormente, el Senado de la Repúblicaaprobó por unanimidad conmemorar esa fecha como Día Nacional de Prevención de Desastres Químicos.

Los afectados insistieron en que el proyecto no debe convertirse en una unidad médica convencional, sino en un hospital especializado con capacidad para atender secuelas asociadas al desastre químico y fortalecer la detección oportuna del cáncer.

“No queremos un hospital más. Debe contar con un centro de investigación para la prevención y detección oportuna del cáncer. Tiene que ser un hospital emblema, una respuesta de justicia para quienes hemos resistido durante décadas”, indicó Huerta Rivadeneira.

La organización sostuvo que en los primeros censos se contabilizaron más de mil 500 afectados, aunque actualmente consideran que la cifra es mayor y difícil de determinar.

Finalmente, los manifestantes llamaron a la sociedad civil, organizaciones sociales, defensores del medio ambiente, académicos, profesionistas y medios de comunicación a respaldar la construcción del hospital.

“Pasamos de ser víctimas a ser constructores de salud. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo derechos y garantías constitucionales después de 35 años de lucha”, concluyeron.