Xalapa, Ver.-  (AVC)  Habitantes de comunidades de Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan declararon una emergencia sanitaria y ambiental ante el uso de plaguicidas en cultivos de papa, al advertir afectaciones graves a la salud, contaminación de fuentes de agua y desplazamiento de familias.

 La declaratoria se realizó tras una reunión el 29 de marzo en la comunidad de El Naranjo, donde denunciaron que la escuela primaria Adolfo López Mateos permanece cerrada desde hace tres años, luego de que estudiantes y docentes resultaran intoxicados por fumigaciones cercanas.   

De acuerdo con el pronunciamiento, en localidades como Otilpan, Xolostla, Mesa Chica, Zoncuantla y Capulines, los cultivos con agroquímicos se han extendido hasta ubicarse a menos de un metro de viviendas, escuelas y cuerpos de agua, lo que ha generado un entorno de riesgo permanente.

Las comunidades señalaron que ya existen consecuencias visibles en la salud, con niñas y niños que presentan asma, enfermedades respiratorias, alteraciones hormonales y casos de tumores, además de familias que se enferman de forma recurrente tras las fumigaciones. A esto se suma el desplazamiento forzado de habitantes que han optado por abandonar sus hogares ante la imposibilidad de seguir viviendo en condiciones de exposición constante a sustancias tóxicas.   

Advirtieron que la problemática no es aislada, ya que la zona forma parte de la cuenca alta del río La Antigua, que abastece cerca del 38% del agua que consume Xalapa, lo que amplía el impacto ambiental y social.

 En su posicionamiento, las comunidades acusaron que existe un incumplimiento sistemático de la normativa que prohíbe la aplicación de plaguicidas cerca de zonas habitadas, así como omisiones de autoridades municipales, estatales y federales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a la salud.

 Ante este escenario, exigieron que el Gobierno del Estado reconozca formalmente la emergencia sanitaria y ambiental, al considerar que la evidencia de contaminación, intoxicaciones y afectaciones a la población es contundente. También demandaron la aplicación inmediata del principio precautorio, de modo que se detenga el uso de plaguicidas en tanto exista riesgo para las comunidades.

Pidieron que se haga cumplir la normativa vigente que establece distancias mínimas entre las fumigaciones y las zonas habitadas, así como la suspensión de actividades agrícolas que representen un peligro directo para la población y las fuentes de agua.

Además, señalaron la necesidad de implementar una vigilancia epidemiológica activa para identificar y atender casos de intoxicación, capacitar al personal de salud en la detección de exposición a agroquímicos y dar seguimiento a niñas y niños afectados.

 Las comunidades también exigieron la reapertura de la escuela primaria en condiciones seguras, lo que implica eliminar los cultivos de papa con plaguicidas en el perímetro cercano, así como iniciar procesos de remediación y desintoxicación de suelos contaminados, con monitoreo independiente y participación de la población.

De igual forma, plantearon la instalación de una mesa interinstitucional con participación de los tres niveles de gobierno, sociedad civil y comunidades afectadas, con el objetivo de atender de manera integral la problemática.

Finalmente, reconocieron que los productores requieren alternativas para sostener su actividad económica, por lo que demandaron la implementación de programas de transición agroecológica, con respaldo técnico y presupuesto, que permitan reducir el uso de químicos sin afectar los ingresos de las familias.

Las comunidades advirtieron que continuarán impulsando acciones colectivas hasta que se garantice la protección de la salud, el medio ambiente y los derechos de la población.